Después
de que el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta vergonzosamente rechazó la excelente
propuesta del concejal Aroldo Tonini de convertir a localidad en un “Municipio
Pro Vida”, la Justicia
provincial, a través de dos decisiones, le puso un freno a tanta cínica e impúdica
promoción del genocidio.
Por
el otro lado, la misma Corte de Justicia de Salta acabó con el anhelo de un
grupo de fanáticos del laicismo, que intentaban erradicar a la religión de las
escuelas salteñas. Aquí la
Justicia se lució. Señalaron que, de no impartirse educación
religiosa en las escuelas, ello “perjudicaría a los niños de los sectores
carentes de recursos que no pueden concurrir a una escuela privada o que viven
en lugares alejados de los centros urbanos y cuyos padres, muchas veces por
razones laborales, no tienen posibilidades de instruirlos en la religión.” Ello
es totalmente cierto. El pedido de la Asociación por los Derechos Civiles (la ONG que hace campaña en contra
de la presencia de lo religioso en las escuelas) estaba sustentado en la idea
de que la religión es un apéndice en la vida de las personas, cuando en
realidad, por motivos antropológicos, es sabido que es todo lo contrario.
Si
los políticos, para subirse al tren de la moda, han optado por permitir y
promover el asesinato de niños por nacer, desde el Poder Judicial, al menos, se
busca minimizar el daño. Es por ello que fortalecer la separación de poderes
–o, lo que es lo mismo, defender a la República – es tan importante para no ser
arrastrados con la decadencia de los tiempos.
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