Es ley el Registro de Violadores

El arte de actuar cuando ya es demasiado tarde

La sanción de una ley para la creación de un banco de datos genéticos destinado a registrar a quienes cometieron delitos sexuales en la Argentina generó polémica. El proyecto, que hacía bastante que dormía en los cajones del Congreso de la Nación, fue aprobado de urgencia gracias a la conmoción que ocasionó el Caso Ángeles Rawson (el cual, según nos lo señala ahora la prensa, pareciera no haber tenido un móvil sexual como se creyó al principio).

El registro de violadores propuesto guardará datos genéticos y prontuarios de todas aquellas personas que hayan sido condenadas con una sentencia firme por un crimen sexual (las cuales, como se sabe, son muy pocas en relación a quienes no tienen sentencias firmes). También almacenará la información genética de los atacantes proporcionada por las víctimas, para de esa manera contar con evidencia de carácter biológico que pueda llegar a ser útil para la realización de una investigación.

El detalle más discutido es que el banco de datos genéticos tendrá un carácter reservado, es decir que sólo podrán acceder a la información que el banco contiene aquellos jueces o fiscales que se encuentren desarrollando algún tipo de procedimiento judicial. Ello disparó una catarata de críticas, pues hay muchos que sostienen que los datos deberían ser públicos, ya que eso serviría para que una persona que es vecina de un condenado por haber ejercido la violencia sexual pueda tomar medidas para garantizar su seguridad y la de su familia. Si ya existen bases de datos que develan la capacidad financiera de una persona, ¿por qué la ciudadanía decente no puede enterarse de quienes son los violadores, los asesinos o los traficantes de órganos que viven en los mismos vecindarios que ellos?

El mamarracho feminista

El consenso para la sanción de la ley fue muy amplio, recibiendo sólo un voto en contra: el de la feminista Marcela Rodríguez. Rodríguez dio a entender que esta ley no es más que una medida demagógica, que no promueve cambios sociales ni políticos importantes para reducir la violencia sexual, sino que, bajo el disfraz de mayor protección a las mujeres, tan sólo le aumenta el poder a la policía para criminalizar a los pobres. O algo así. Sucede que, en su nebulosa mental, Rodríguez sostiene que los violadores son hombres que exceden el ejercicio de poder que el “Patriarcado pornocapitalista” les otorga, pues obran en el marco de una “cultura de la violación” plenamente naturalizada.

Es decir mientras que para todo el mundo una violación ocurre o bien porque un hombre actúa cegado por la lujuria o bien porque una mujer genera situaciones confusas en las que luego malinterpreta sus consecuencias, para las feministas como Rodríguez la violación, en cambio, es producto de gestos, actitudes e instituciones vigentes que educan a hombres con instintos de violadores. Entonces proponen subvertir todo, suponiendo con ello que las personas mágicamente dejarán de dañarse las unas a las otras.

El violín más famoso

Tonterías del calibre de las vertidas por Marcela Rodríguez sirven para asegurarnos de que se está en la buena senda (pues ella plantea ir en la dirección contraria). Ahora bien, las cosas señaladas por Alfredo Olmedo, por el contrario, nos indican que todavía hay trabajo serio por hacer.

En efecto, Olmedo destacó que la ley, así propuesta, es un tanto fútil, pues sirve para generar un ranking de violadores pero no para determinar quienes han cometido una violación en una situación obscura. Argentina ha conocido varios casos de violadores seriales y es contra ellos que el Estado debe actuar, pues de ese modo garantiza el suministro de seguridad ciudadana. Marcela Rodríguez apunta que en el 70% de las violaciones las víctimas conocen el nombre de su agresor (porque se trata de familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, etc). Sin embargo contra esos cretinos el Estado no puede hacer demasiado en materia preventiva, ya que no existen medio efectivos para que se meta en la explosiva mente de un pervertido a tiempo. Frente a ese tipo de violador, el Estado –y no sólo el Estado sino también la sociedad misma– lo que debe intentar es transmitirle valores claros para que interiorice la idea de que es mejor el bien que el mal. Aunque parezca muy elemental esto que digo, tiene que tomarse en cuenta que, en la actualidad, la crisis de valores hace que muchas personas se sientan seducidas por un mal al que, gracias a la propaganda pervertidora, han dejado de sentir repugnancia. ¿Cómo esperan que un hombre se comporte como un caballero frente a una mujer si al mismo tiempo tiene que ver a la representante del sexo débil como alguien igual de fuerte que él? Lo que digo es que al borrar la diferencia entre lo masculino y lo femenino (que es básicamente lo que las feministas quieren) se borra también todo el sistema montado para que el hombre fuerte no abuse de la mujer débil, generando así una situación de competición y agresividad completamente innecesaria. 

Alfredo Olmedo sostuvo que para que el banco de datos genéticos colabore con la sociedad argentina debería guardar registro de todos los ciudadanos del país, ya que si estamos obligados a tener un DNI en el que se ve nuestra huella digital, ¿por qué no ir un paso más adelante? La pregunta es interesante. Ciertamente un banco de datos genéticos que contuviese información de los más de cuarenta millones de argentinos sería altísimamente costoso, pero no modificaría demasiado la relación entre individuo y Estado que actualmente existe en un país como el nuestro. Entonces o se replantea el tema del rol del ciudadano en Argentina o se prosigue por donde se está profundizando lo que ya se tiene. Yo creo que ambas opciones (disminuir la presencia del Estado en la vida privada o aumentarla ingeniosamente) son válidas siempre y cuando no desemboquen en el fortalecimiento de las versiones viciosas de las mismas. Me refiero, claro, a que tanto un izquierdista como un derechista político puede adoptar el garantismo jurídico que termine viendo en el delincuente a una víctima de su circunstancia, a la que hay que protegerle su privacidad para no violar la sacrosanta doctrina de los Derechos Humanos.   

Cortar por lo sano

El tema de las violaciones requiere de dos tipos de medidas: las de largo plazo (que consistirían, como ya señalé, en recuperar los sólidos valores que hoy en día están eclipsados por el relativismo y el egoísmo) y las de corto plazo. Es decir para acabar con las violaciones se requiere implementar la educación y la punición adecuada.

El tema de la punición adecuada es complejo, pero se simplifica apuntando al núcleo del problema. Esto es lo que ha hecho Alfredo Olmedo. La violación es un tema muy sensible para mujeres y hombres, porque algo así genera gran repulsión. De allí que hayan muchos que pidan la pena de muerte para los violadores. La batería de propuestas antiviolación de Olmedo busca no caer en el pedido de pena de muerte, ya que, bien considerado, el mismo deja en evidencia que es más contraproducente de lo que parece. Dicho de otro modo, si se le diese pena de muerte a un violador podría darse el caso de que muchos violadores culminaran sus ataques sexuales con homicidios para no ser identificados, ya que dejando o no a su víctima con vida el destino punitivo sería el mismo.

Es por eso que la pena de muerte para violadores es un despropósito. Lo que no es un despropósito es la castración, pero no la castración obligatoria sino la castración opcional. Supongamos que un violador es detenido, pues bien desde el punto de vista olmediano dicho delincuente se vería encerrado por un larguísimo tiempo en una prisión siendo obligado a trabajar para reparar a su víctima. Olmedo agrega que ese hombre debería, además, ser castrado, pero –como yo ya lo he indicado– la propuesta más lúcida sería la de ofrecerle la posibilidad de conmutar su encierro por la castración, siempre y cuando el violador solicite convencido el ser castrado para poder así reinsertarse como eunuco a la sociedad.