Dañar por el gusto del daño mismo

Benjamín Moisá:

Obnubilada por las vicisitudes económicas, los escándalos políticos y las rencillas electorales de un país que todavía no es serio, la ciudadanía parece no tener conciencia del cataclismo jurídico que se avecina con la entrada en vigencia, el próximo primero de agosto, del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Se trata del segundo ordenamiento jurídico en jerarquía después de la Constitución Nacional; pero, sin duda, del primero en importancia práctica, por su incidencia directa sobre la vida y la fortuna de todos los habitantes de la Nación. 

Es hora de decir francamente y sin eufemismos lo que nadie, más por obsecuencia que por temor, a la espera de algún favor político o protagonismo académico, se anima a decir: el nuevo código es un engendro técnico-jurídico que reconoce como únicas causas la vanidad, la ignorancia y la improvisación. En efecto, sin ninguna ventaja, se cambian dos códigos históricos de Dalmacio Vélez Sarsfield, el Civil y el de Comercio, que nos rigieron eficazmente por un siglo y medio, por un malhadado código carente del más mínimo rigor científico. 

Concretamente, el nuevo código presenta serias deficiencias de sistema, método y unicidad (principales ventajas de la codificación); más que unificar los códigos Civil y Comercial, suprime el sujeto y el objeto del Derecho Comercial, pues, a diferencia de la unificación italiana, no prevé una teoría de la empresa; no obstante lo que se pregona, pone en peor situación a los llamados “vulnerables” (por medio del denominado “divorcio remedio” deja abiertas la puertas a los más variados litigios); instaura la irresponsabilidad del Estado; no sólo no unifica el régimen de la responsabilidad civil, sino que profundiza su dualismo; no incorpora la defensa del consumidor a su texto, ni regula adecuadamente las condiciones generales de la contratación como remedio para los desequilibrios contractuales objetivos, entre otros defectos. La referencia en los fundamentos a “Molineo” en clara alusión a Dumoulin o Molinaeus, con el agravante de que algún colaborador cree que se trata de dos personas distintas; una definición de “obligación” que no responde al instituto y la legislación del “dominio fiduciario” con los contratos son ejemplos más que elocuentes de la ignorancia e improvisación que primaron en su redacción. 

Frente a semejante iniquidad, nos esperanzamos en que los operadores jurídicos puedan, no por concesión graciable del nuevo ordenamiento –de indudable inspiración fascista–, sino en ejercicio de derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional, suplir los vacíos y despropósitos del nuevo código en beneficio de todos los argentinos.

¿Marihuana líquida?

Esta democracia no sirve

Algo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas es la obscena cooptación de intendentes opositores por parte del gobierno de Urtubey. El tema es así: como el Frente Romero + Olmedo ganó trece intendencias en las últimas elecciones de mayo, el Oficialismo convocó a los jefes comunales electos a una denominadas “reuniones de transición”; el detalle perverso es que dichas reuniones, organizadas para conversar con los opositor que han triunfado en distritos antiguamente controlados por los oficialistas, en realidad funcionan como sesiones de conversión. 

El modus operandi es el siguiente: Juan Pablo Rodríguez, el actual Ministro de Gobierno de Salta, recibe a los intendentes como si se tratase de un esfuerzo del urtubeycismo de demostrar su vocación democrática y pluralista; sin embargo el intendente electo, tras charlar con el Ministro, aparentemente se siente tan “conmovido” por la “generosidad” de Urtubey, que entonces decide sacarse una foto con un cartel en el que se vende la fórmula de Scioli-Zannini para la presidencia de la nación, y de David-Kosiner-Martinich para la diputación nacional por Salta. 

El hecho es escandaloso por todo: una oficina pública exhibiendo un cartel partidario, un apriete a plena luz del día de un funcionario del gobierno para corregir con el envío de fondos públicos lo que el voto electrónico no pudo hacer con el fraude, y el acto humillante de presentar al hombre o a la mujer que decidió traicionar a quienes lo eligieron como si se estuviese mostrando el cadáver de un animal que se acaba de cazar. 

Sin embargo no es Rodríguez el único que banaliza a la democracia y le resta credibilidad al sistema político contemporáneo. También son los propios intendentes los que obran como cómplices. Por ahora sólo cinco de los trece intendentes que ganaron por el Frente Romero + Olmedo ya consumaron la traición a sus referentes políticos provinciales y a la gente que los votó: Alejandra Fernández de Salcedo de General Güemes, Lucas Arapa de Payogasta, Sergio Oliva de Aguas Blancas, Andrés Mellado de El Tala y Carlos López de El Jardín se han entregado al veletismo. En la mira están Yolanda Vega de Cerrillos, Gustavo Solís Mónico de Rosario de la Frontera, Ignacio Jarsún de Rosario de Lerma, Kila Gonza de San Lorenzo y, claro, también el propio Gustavo Sáenz de Salta. Lo que harán estos intendentes todavía no se sabe, pero no sería muy extraño que, tarde o temprano, se cambien las camisetas.

Quien justificó ante la opinión pública el travestismo político fue Alejandra Fernández de Salcedo al asegurar: “soy congresal del Partido Justicialista y soy kirchnerista”. Creo que ahí, precisamente, está el meollo del problema: la decisión de Alfredo Olmedo de acompañar a Juan Carlos Romero me pareció hasta cierto punto acertada, pues si bien era como mezclar el agua y el aceite, antes de las elecciones la fórmula parecía tener la fuerza suficiente como para ganar y acceder al gobierno –el olmedismo dentro del gobierno hubiese sido una gran oportunidad de cambio y prosperidad para Salta–; de todos modos la estrategia no funcionó. Yo sugerí que el olmedismo debía dejar de ser una cruzada personal y convertirse en un espacio político, para que de ese modo no sucediese lo que está sucediendo ahora: la evidenciación de que Romero armó el frente no contra la maquinaria del pejotismo sino a favor suyo, con el único fin de perpetuar la decadencia política argentina. 

Mientras el PJ siga haciendo de las suyas, mientras no haya un contrapeso ciudadano que se exprese a través de una estructura política (lo que no es lo mismo a contraponerle otra estructura partidaria), la democracia no servirá en este país, o, al menos, la democracia no nos servirá, sino que, muy por el contrario, nos habrá de esclavizar, justo igual a como lo hace ahora. 

Por la Independencia se luchó

Hasta que a Cerrano no la pongan en su lugar

A Gabriela Cerrano le falta decoro. Recientemente, esta mujer –¡que es Senadora Provincial!– dijo que el Estado argentino no debería permitir que la Iglesia Católica intervenga en materia de educación, salud ni justicia, ya que “su presencia” cercenaría los derechos de las mujeres del país. ¿De qué derechos habla Cerrano? Pues, básicamente, del “derecho” a abortar.  

Que se entienda: doña Cerrano desprecia visceralmente al catolicismo y no tiene ningún problema en manifestarlo públicamente, obviando el hecho de que los católicos son actores sociopolíticos tan válidos como cualquier otro grupo (o incluso más válidos que cualquier otro grupo). Y todo ello siendo funcionaria pública, es decir una servidora del pueblo salteño. Para atacar al catolicismo, la religión que es profesada por la mayoría de las personas en Salta, no emplea ningún argumento, no da ninguna razón: simplemente se limita a decir que los católicos están defendiendo a la Vida cuando los gobernantes de turno han establecido en los últimos años que se puede matar impunemente a algunos en nuestro país. 

El discurso de la trotskista es el discurso de una mente radicalizada, donde la otredad está deliberadamente anulada por un Yo que quiere imponerse. Cerrano es parte de la política porque ella entiende que su misión en la vida es participar de una guerra entre buenos y malos. El resto de la gente no vive en esa realidad. O, al menos, no debería de hacerlo. 

El motivo por el que el discurso de Cerrano no nos suena completamente escandaloso, es debido a que en los últimos siete años gente tan o más radicalizada que ella alcanzó el control del país. Por ello ese odio manifiesto que emana de las palabras de Cerrano no genera la repulsión que debería: ya nos hemos acostumbrados a vivir entre él.

La tarea urgente de los hombres y mujeres que vienen a cambiar los aires de la política nacional es acabar con la radicalidad discursiva. Hasta que a Cerrano no la pongan en su lugar, es decir hasta que la realidad argentina no se normalice y el extremista vuelva a ser percibido como un extremista, este país seguirá naufragando y sometiéndose a la voluntad de los demás.