Romero trae protestas y Olmedo respuestas

En las últimas semanas Salta se vio sorprendida por la rauda aparición de dos ONGs foráneas: Greenpeace y la Organización Barrial Tupac Amaru. Los miembros Greenpeace no tuvieron mejor idea que asaltar la Catedral de Salta y colgar una bandera acusando al Gobernador Juan Manuel Urtubey de estar desmontando rapazmente el territorio provincial. Los tupamaros, en cambio, atacaron a las oficinas del Instituto Provincial de Vivienda, exigiendo que se les otorgue terrenos y un generoso crédito para la construcción de casas.

Miembros de la Tupac Amaru siendo desalojados del IPV

La pregunta que todos se hicieron fue: ¿quién trajo a esta gente a Salta? ¿Vinieron por cuenta propia o alguien los alentó a venir en épocas de plena campaña electoral? Para responder muchos señalan en dirección a Juan Carlos Romero. Según ellos, el Júcaro –preocupado por una derrota que le podría hacer perder los fueros que goza desde hace décadas, y angustiado ante la comprobación de que Salta ya no lo quiere como líder provincial– estaría usando todos los trucos que tiene debajo de su manga para ensuciar a Urtubey en dos planos: a nivel nacional, haciéndolo quedar mal ante los kirchneristas que consideran a los tupamaros sus mejores mascotas, y a nivel provincial, mostrándolo como una opción progresista destructiva e hipócrita, muy diferente a la versión constructiva y honesta que encarnaría Andrés Zottos.

Mientras todo esto se desarrolla, en paralelo, Olmedo recorre la provincia para llevar su mensaje de seguridad, orden y solidaridad a todos los rincones. Y en ese ir y venir de un lado hacia el otro, se encuentra con ciudadanos salteños con problemas, que reclaman que las autoridades hagan lo que tienen que hacer y les brinden soluciones. ¿Qué hace Olmedo en esas situaciones? Intervenir, usar su puesto de representante del pueblo para ser mediador entre la gente y los gobernantes. Así pasó en Embarcación y en Tartagal, donde evitó cortes de ruta de gente que pedían obras de infraestructuras vitales para sus hogares. Y pasó nuevamente entre la noche del lunes y madrugada del martes, cuando un grupo de gente se salvó de ser apaleada por la policía que tenía la orden de desalojar un terreno en el barrio San Ignacio de la capital provincial. Sucede que los Godoy le habían prometido a varias familias que les darían tierras a cambio de trabajo para su campaña, cosa que la familia de políticos al final incumplió.   

Ese es el contraste que vive Salta: políticos queriendo resolver sus problemas, y ciudadanos queriendo hacer valer sus derechos. Romero de un lado, y Olmedo del otro.