Durante la misa celebrada en la Capilla de Santa Marta, el Papa Francisco envió un mensaje a los empresarios, a los funcionarios y a los gobernantes sobre la corrupción: "es un pecado grave".
El Sumo Pontífice fue claro ante quienes ejercen esa práctica tan despreciable: "Quien lleva a casa dinero ganado con la corrupción da de comer a sus hijos pan sucio. Y sus hijos, quizá educados en colegios caros, quizá crecidos en ambientes cultos, han recibido de su papá como alimento la suciedad, porque su padre, llevando pan sucio a casa, ha perdido la dignidad. ¡Y esto es un pecado grave!".
Estas palabras del Santo Padre están en sintonía con lo que la Iglesia argentina hizo esta semana al mostrar un sombrío panorama del avance del narcotráfico y denunciar la "complicidad y corrupción de algunos dirigentes". Ante innumerables casos de ataques, muertes y zonas desprotegidas, la Iglesia pidió "políticas públicas de corto, mediano y largo alcance" y recordó que "perseguir el delito es tarea exclusiva e irrenunciable del Estado".
"La Argentina está corriendo el riesgo de pasar a una situación de difícil retorno", advirtieron los obispos en un documento que presentaron los presidentes del Episcopado, Monseñor José María Arancedo, y de la Comisión de Pastoral Social, Monseñor Jorge Lozano.
Al leer la declaración, durante la 106ava Asamblea del Episcopado, en Pilar, Arancedo dijo que con frecuencia se oye que a esta situación se ha llegado "con la complicidad y la corrupción de algunos dirigentes", y que "la sociedad a menudo sospecha que miembros de las fuerzas de seguridad, funcionarios de la Justicia y políticos colaboran con grupos mafiosos".
El documento señala que las sospechas de colaboración con "grupos mafiosos" debilita la confianza y desanima las expectativas de cambio. Y añade: "También es funcional y cómplice quien pudiendo hacer algo se desentiende, se lava las manos y mira para otro lado".
La Iglesia lamentó, incluso, que la Sedronar, el organismo del Estado dedicado a coordinar las políticas públicas en materia de drogadicción, "lleve tantos meses sin tener su responsable designado". Rafael Bielsa, su último responsable, renunció en marzo y el Gobierno no nombró todavía a un reemplazante.
Las críticas de la Iglesia se extendieron más allá del Poder Ejecutivo. En dos carillas, pero con frases muy contundentes, los obispos describieron las consecuencias de un mal que "se instala en los barrios, destruye las familias, siembra miedo y desconfianza entre los vecinos y aleja a los chicos y jóvenes de la escuela y el trabajo". Y puntualizaron, además, que anhelan "una justicia más eficiente que erradique sin demoras la impunidad".
"Si la dirigencia política y social no toma medidas urgentes, costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar estas mafias, que han ido ganando cada vez más espacio", señala el documento episcopal.
Hace seis años, en la carta pastoral "La droga, sinónimo de muerte", los obispos habían denunciado ya que "el narconegocio se instaló en nuestro país, prospera exitosamente, destruye familias y mata".
Ahora transmitieron su preocupación por "la desprotección de nuestras fronteras y por la demora en dotar de adecuados sistemas de radar a las zonas más vulnerables".
Arancedo resumió: "La droga avanza con la complicidad de muchos y también con el silencio de muchos". Dijo que "es una mancha que avanza" y que "la sociedad tiene que quitarse el miedo, que lleva a la parálisis".
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