Marcelo contra Marcelo

Circo clausurado

Un megaoperativo encabezado por la AFIP en Orán dejó al descubierto el lamentable estado en el que la corrupta dirigencia política ha sumergido al norte salteño. Acompañada por la Policía Federal y por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Administración Federal de Ingresos Públicos allanó una veintena de edificios, entre los que se incluían discotecas, radios FM, domicilios particulares y prostíbulos disfrazados de karaokes. Las irregularidades fueron incontables: la mayoría de los locales investigados no tenían comprobantes de facturación, ni el CUIT activo, ni registro alguno de haber presentado las correspondientes declaraciones juradas. Estaban fuera del sistema fiscal, evadiendo impuestos en cifras millonarias, y sin interés alguno de garantizar las condiciones mínimas de seguridad ciudadana ni de higiene pública –puesto que eran ajenos a las inspecciones municipales.

Junto a la emboscada a los empresarios que, a través de discotecas y radios, explotan la diversión nocturna sin retribuirle casi nada al Estado, se visibilizó –al menos tenuemente– al gigantesco negocio de venta de drogas ilegales y prostitución que funciona en Orán.  

El día después o el preocupante ahora

Roberto Meri, suegro del Senador Provincial Pablo González, fue el principal perjudicado por la acción estatal. Este sujeto manifestó que le desagradó “el circo” montado para realizar los operativos: es que durante la noche de la razzia, la ciudad de Orán se encontró militarizada por la enorme cantidad de vehículos policiales y efectivos de las Fuerzas de Seguridad que cortaron calles y ocuparon edificios en horas de la madrugada. Dado que la zona se encuentra clasificada como “peligrosa”, los policías optaron por ir lo suficientemente equipados para entrar en acción si encontraban algún tipo de resistencia armada.    

Pero Meri no fue el único afectado. Entre los otros que tuvieron que tolerar el control sorpresivo de la AFIP se encontraba Marcelo Astún, actual Diputado Provincial por Orán y socio de su hermano Gustavo, empresario del rubro de la diversión nocturna en el norte salteño.

Transcurrido el vendaval, el Partido Obrero elevó un pedido de informes en el Concejo Deliberante oranense para que se explique cómo es que las discotecas cuentan con habilitación para funcionar pese a ser incapaces de aprobar los controles de Defensa Civil, y para que se indique cuánto dinero municipal va a parar como pauta oficial a las arcas de las radios investigadas por la AFIP. Lo que se sospecha es, incluso, que gracias a la diversión nocturna oranense habría un mecanismo de lavado de activos, a través del cual el dinero del tráfico de drogas, del tráfico de armas, del tráfico de animales y del contrabando comercial se legalizaría para circular sin problemas dentro del país.  

Astún y/o Lara Gros

Marcelo Astún declaró que la AFIP llegó hasta él como parte de una venganza por haber denunciado que el Mercado de Abasto de Orán evade millones de pesos diariamente, gracias a que estaría articulado con el negocio de los bagayeros (trabajadores que pasan mercadería a pie a través del límite argentino-boliviano).

Esta denuncia de Astún no es más que un tiro por elevación al Intendente de Orán, Marcelo Lara Gros –personaje al que se alió circunstancialmente en 2013 por ser ambos oficialistas, pero contra quien mantiene una vieja lucha por el poder. En efecto, después de mucho batallar, Lara Gros consiguió tejer una alianza con los bagayeros, que resulta muy beneficiosa para ambos.

El escenario en Orán, entonces, se vislumbra como patético: de un lado Astún y su vínculo con el sospechoso mundo de la diversión nocturna, y del otro lado Lara Gros y su pacto con los que se aprovechan de los agujeros fronterizos. En el medio, el ciudadano oranense que carece de trabajo legítimo y se ve acosado por la droga, la prostitución y la delincuencia (marginal y de cuello blanco).