Dádivas si, derechos no

La noticia de que Juan Manuel Urtubey vetó un artículo de la ley que prorroga el convenio entre la Provincia de Salta y el Banco Macro causó indignación entre propios y extraños. El artículo en cuestión decía que el Banco Macro debe, en los próximos años, abrir sucursales y colocar cajeros electrónicos en diversas ciudades para facilitarle a la ciudadanía la realización de operaciones bancarias en territorio provincial. Era lo mínimo que se le pedía después de que se les regalara otros 12 años de provechosa actividad en la provincia sin someterlos a un proceso de licitación. 

Juan Manuel Urtubey, gerente del Banco Macro,
y Jorge Brito, gobernador de Salta

A través del veto de Urtubey, el Banco Macro se ahorra cerca de 300 millones de pesos en inversión, lo que significa, al mismo tiempo, que los cientos de miles de salteños que concurren a ese banco se verán obligados a sufrir en carne propia de esa falta de inversión. 

Realmente la situación es indignante: encima que el PJ les ahorra la licitación pública a los del Macro (en algo que resulta un claro atropello contra la gente, producto de un negociado entre el banco y los gobernantes de turno), la institución bancaria no tiene la cortesía de brindarle un servicio decente a los salteños. Urtubey parece más un gerente del banco que un gobernador del pueblo salteño.  

Lo más chocante de todo es que en Salta, gracias al fetichismo tecnológico de los demagogos, obligan a colocar urnas electrónicas los días de las elecciones. ¿Pueden poner esos aparatejos pero no pueden poner cajeros?