Hecha la trampa, hecha la ley

El fraude electoral es moneda corriente de la cultura política argentina. El caso reciente de Tucumán no es una novedad: sólo ha puesto en evidencia algo que sucede siempre y prácticamente en todos lados. Desde el diario La Gaceta alguien hizo un resumen de las prácticas fraudulentas más comunes:

1. Compra de votos

2. Movilización organizada de votantes

3. Robo de boletas

4. Voto cadena

5. Urnas cargadas

6. Compra de fiscales

Lo cierto es que esas prácticas existen porque no existe la voluntad de erradicarlas, ya que acabar con todo eso es más que simple:

(1) y (2) se eliminan con prisión EFECTIVA de dos a seis meses para quienes incurran en intercambio de votos por dádivas -desde muebles y alimentos hasta dinero o drogas- y en acarreo de votantes (se podría sumarle a eso la incautación del vehículo por el plazo de un año).

(3) y (4) se eliminan con la implementación de la boleta única plegable y la eliminación del cuarto obscuro para suplantarlo por esos atriles en donde no se puede ver a quien vota el elector, pero si se puede ver si alguien saca o guarda la boleta de su bolsillo (con ello se evita el voto cadena).

(5) se elimina con la implementación de urnas transparentes de plástico, similares a las que se usan en muchos países de Europa.

(6) se elimina realizando las elecciones en etapas. Es decir si un día se vota en una ciudad, y al día siguiente en otra diferente, y luego en otra más, ello permitiría que todas las fuerzas políticas puedan poner un fiscal de confianza en cada mesa.

Es tan simple hacer esto que señala que lo difícil es no hacerlo o, peor, no querer hacerlo. O las medidas anti-fraude se toman ya, o seguiremos en lo mismo por siempre. 

Con la democracia no se jode

En 2012, cuando mimebros de la gendarmería y de la prefectura decidieron organizar una huelga para reclamar por su salario, algunos en Argentina se sobresaltaron. La casta partidocrática -tanto los oficialistas como los opositores- creyeron que los uniformados estaban preparando un golpe de Estado y entraron en pánico. Alfredo Olmedo, en cambio, tomó el lado del pueblo y se mostró solidario con quienes protestaban.

De cualquier manera lo que más se recuerda de aquel episodio fue que las huestes imberbes del kirchnerismo salieron a las calles e inundaron miles de paredes con la leyenda “Con la democracia no se jode”. La frase, poderosa y pegadiza, podría haber funcionado como un eslogan generacional, pero hubo un pequeño detalle que se lo impidió: la inexistencia de la democracia.

En efecto, la democracia en nuestro país es una fantasía que sólo existe en los discursos de los políticos y en los deseos de la gente. Fuera de esos ámbitos no hay nada que se asemeje a la democracia.

Ciertamente el concepto de democracia es muy amplio, y reducirlo al hecho de pararse frente a una urna cada dos años es simplificar las cosas. Pero lo cierto es que ni siquiera ese acto tan elemental del voto funciona en este país, ya que la adulteración de la voluntad popular a través del empleo de prácticas clientelares, compra de voluntades y trucos sucios en cada comicio es la moneda corriente. Por tanto nos queda la tristeza de comprobar que los mismos que salieron a decir que con la democracia no se jode, son los primeros en joder a la democracia. La única manera de experimentar la democracia es sin ellos, pues ninguno es en verdad un demócrata. 

Típica postal post-eleccionaria

La ddhhemocracia:

Especialistas en materia electoral ponen la mira, sobre todo, en provincias como Santiago del Estero, Formosa o Misiones, donde la estructura del oficialismo es cada vez más fuerte y la oposición tiene menos poder para fiscalizar. Pero las irregularidades se replican por todo el país. En muchos casos, reconocen desde la oposición, el problema no sólo es tener los fiscales necesarios sino que estén bien preparados.

Desde el frente Cambiemos, hicieron un análisis de todos los telegramas y se encontraron con diferentes cuestiones en las que están poniendo el ojo. Encontraron unas 2.500 mesas donde los candidatos de Cambiemos tenían votos en todas las categorías menos para presidente. En alrededor de 9.500 mesas había una diferencia de más de 50 votos entre categorías. Y además, cuentan que hay 2.100 telegramas que no fueron procesados en el escrutinio provisorio. 

El error más repetido es que no coincide el total de ciudadanos que votaron en la mesa con el total de votos contados. Incluso hay diferencias entre los votos de cada categoría (de haber votos en blanco o nulos, debería dar el mismo total). Un pormenorizado estudio de la Fundación Argentina Equilibrio (FAE), vinculada al Frente Renovador, muestra que en las PASO de 2011 hubo 44% de mesas con irregularidades de este tipo y en las de 2013, 30%. En muchos casos, los presidentes de mesa se ausentan y ese lugar termina siendo ocupado por un fiscal partidario, algo que está prohibido por ley. Varias de esas situaciones se dieron en el Conurbano, según una deununcia que los apoderados de Cambiemos presentaron en el juzgado electoral de La Plata. También incluyen una larga lista de impedimentos y hasta amenazas que sufrieron sus fiscales. 

En Santiago del Estero, en tanto, se repiten las denuncias de mesas donde la autoridad es un funcionario del gobierno del matrimonio Zamora. PERFIL pudo detectar, al azar, dos mesas (724 y 851), en las que el DNI firmante figura como empleado del gobierno provincial. 

En ese distrito es en el que más porcentaje de votos sacó Daniel Scioli (66%). Y como en toda elección, pasan cosas curiosas, como telegramas con el 100% de los votos para el oficialismo o a lo sumo unos votos aleatorios para opositores. Quizás eso explique que Mauricio Yattah haya salido tercero en Guasayán (5%) y cuarto en Atamasqui y San Martín (3%). 

PERFIL analizó los resultados en el departamento de Alberdi, donde Scioli sacó el 85%. Los dos pueblos más grandes son Campo Gallo y Sacháyoj. Y la diferencia en el resultado es sorprendente: en el primero Scioli sacó el 91% y en el segundo apenas 61% (contra 31% de Macri). 

En Misiones también se detectaron muchas irregularidades. Los apoderados de Ramón Puerta pidieron abrir mil urnas por dudas que generaban los telegramas. En muchos casos veían votos para los presidenciables (Massa y De la Sota) y ninguno para él. La Justicia aceptó abrir sólo 200 urnas (incluyendo pedidos de otras fuerzas) y así lograron “recuperar” unos 4 mil votos.

Radiografía de la pampa

El cepo nació porque el "modelo" se basa en pagarle el dólar a los productores agropecuarios a 5, vendérselo a los funcionarios a 10, y que ellos lo revendan en el blue a 15. De los 10 pesos de diferencia entre 5 y 15, la mitad se los queda el Estado para repartir entre planeros que no tienen trabajo en un país donde no llegan inversiones, y la otra mitad se la apropia la dirigencia del Kamporro, mucho menos numerosa pero más adinerada. 

Argentina es una gran timba financiera donde se expropia la producción exportadora para mantener ñoquis e indigentes. Muy parecida a los peores tiempos del menemismo o a la bicicleta financiera de la época de la dictadura.

Otra cosa. Si un narcotraficante tomara el control de un país, ¿que haría? Lo que seguramente haría es eximir de impuesto a las ganancias al juego y a la renta financiera para poder lavar dinero con rentabilidad, promover un blanqueo de capitales y establecer el mayor descontrol posible en las áreas de fronteras. 

Dañar por el gusto del daño mismo

Benjamín Moisá:

Obnubilada por las vicisitudes económicas, los escándalos políticos y las rencillas electorales de un país que todavía no es serio, la ciudadanía parece no tener conciencia del cataclismo jurídico que se avecina con la entrada en vigencia, el próximo primero de agosto, del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Se trata del segundo ordenamiento jurídico en jerarquía después de la Constitución Nacional; pero, sin duda, del primero en importancia práctica, por su incidencia directa sobre la vida y la fortuna de todos los habitantes de la Nación. 

Es hora de decir francamente y sin eufemismos lo que nadie, más por obsecuencia que por temor, a la espera de algún favor político o protagonismo académico, se anima a decir: el nuevo código es un engendro técnico-jurídico que reconoce como únicas causas la vanidad, la ignorancia y la improvisación. En efecto, sin ninguna ventaja, se cambian dos códigos históricos de Dalmacio Vélez Sarsfield, el Civil y el de Comercio, que nos rigieron eficazmente por un siglo y medio, por un malhadado código carente del más mínimo rigor científico. 

Concretamente, el nuevo código presenta serias deficiencias de sistema, método y unicidad (principales ventajas de la codificación); más que unificar los códigos Civil y Comercial, suprime el sujeto y el objeto del Derecho Comercial, pues, a diferencia de la unificación italiana, no prevé una teoría de la empresa; no obstante lo que se pregona, pone en peor situación a los llamados “vulnerables” (por medio del denominado “divorcio remedio” deja abiertas la puertas a los más variados litigios); instaura la irresponsabilidad del Estado; no sólo no unifica el régimen de la responsabilidad civil, sino que profundiza su dualismo; no incorpora la defensa del consumidor a su texto, ni regula adecuadamente las condiciones generales de la contratación como remedio para los desequilibrios contractuales objetivos, entre otros defectos. La referencia en los fundamentos a “Molineo” en clara alusión a Dumoulin o Molinaeus, con el agravante de que algún colaborador cree que se trata de dos personas distintas; una definición de “obligación” que no responde al instituto y la legislación del “dominio fiduciario” con los contratos son ejemplos más que elocuentes de la ignorancia e improvisación que primaron en su redacción. 

Frente a semejante iniquidad, nos esperanzamos en que los operadores jurídicos puedan, no por concesión graciable del nuevo ordenamiento –de indudable inspiración fascista–, sino en ejercicio de derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional, suplir los vacíos y despropósitos del nuevo código en beneficio de todos los argentinos.

¿Marihuana líquida?

Esta democracia no sirve

Algo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas es la obscena cooptación de intendentes opositores por parte del gobierno de Urtubey. El tema es así: como el Frente Romero + Olmedo ganó trece intendencias en las últimas elecciones de mayo, el Oficialismo convocó a los jefes comunales electos a una denominadas “reuniones de transición”; el detalle perverso es que dichas reuniones, organizadas para conversar con los opositor que han triunfado en distritos antiguamente controlados por los oficialistas, en realidad funcionan como sesiones de conversión. 

El modus operandi es el siguiente: Juan Pablo Rodríguez, el actual Ministro de Gobierno de Salta, recibe a los intendentes como si se tratase de un esfuerzo del urtubeycismo de demostrar su vocación democrática y pluralista; sin embargo el intendente electo, tras charlar con el Ministro, aparentemente se siente tan “conmovido” por la “generosidad” de Urtubey, que entonces decide sacarse una foto con un cartel en el que se vende la fórmula de Scioli-Zannini para la presidencia de la nación, y de David-Kosiner-Martinich para la diputación nacional por Salta. 

El hecho es escandaloso por todo: una oficina pública exhibiendo un cartel partidario, un apriete a plena luz del día de un funcionario del gobierno para corregir con el envío de fondos públicos lo que el voto electrónico no pudo hacer con el fraude, y el acto humillante de presentar al hombre o a la mujer que decidió traicionar a quienes lo eligieron como si se estuviese mostrando el cadáver de un animal que se acaba de cazar. 

Sin embargo no es Rodríguez el único que banaliza a la democracia y le resta credibilidad al sistema político contemporáneo. También son los propios intendentes los que obran como cómplices. Por ahora sólo cinco de los trece intendentes que ganaron por el Frente Romero + Olmedo ya consumaron la traición a sus referentes políticos provinciales y a la gente que los votó: Alejandra Fernández de Salcedo de General Güemes, Lucas Arapa de Payogasta, Sergio Oliva de Aguas Blancas, Andrés Mellado de El Tala y Carlos López de El Jardín se han entregado al veletismo. En la mira están Yolanda Vega de Cerrillos, Gustavo Solís Mónico de Rosario de la Frontera, Ignacio Jarsún de Rosario de Lerma, Kila Gonza de San Lorenzo y, claro, también el propio Gustavo Sáenz de Salta. Lo que harán estos intendentes todavía no se sabe, pero no sería muy extraño que, tarde o temprano, se cambien las camisetas.

Quien justificó ante la opinión pública el travestismo político fue Alejandra Fernández de Salcedo al asegurar: “soy congresal del Partido Justicialista y soy kirchnerista”. Creo que ahí, precisamente, está el meollo del problema: la decisión de Alfredo Olmedo de acompañar a Juan Carlos Romero me pareció hasta cierto punto acertada, pues si bien era como mezclar el agua y el aceite, antes de las elecciones la fórmula parecía tener la fuerza suficiente como para ganar y acceder al gobierno –el olmedismo dentro del gobierno hubiese sido una gran oportunidad de cambio y prosperidad para Salta–; de todos modos la estrategia no funcionó. Yo sugerí que el olmedismo debía dejar de ser una cruzada personal y convertirse en un espacio político, para que de ese modo no sucediese lo que está sucediendo ahora: la evidenciación de que Romero armó el frente no contra la maquinaria del pejotismo sino a favor suyo, con el único fin de perpetuar la decadencia política argentina. 

Mientras el PJ siga haciendo de las suyas, mientras no haya un contrapeso ciudadano que se exprese a través de una estructura política (lo que no es lo mismo a contraponerle otra estructura partidaria), la democracia no servirá en este país, o, al menos, la democracia no nos servirá, sino que, muy por el contrario, nos habrá de esclavizar, justo igual a como lo hace ahora. 

Por la Independencia se luchó

Hasta que a Cerrano no la pongan en su lugar

A Gabriela Cerrano le falta decoro. Recientemente, esta mujer –¡que es Senadora Provincial!– dijo que el Estado argentino no debería permitir que la Iglesia Católica intervenga en materia de educación, salud ni justicia, ya que “su presencia” cercenaría los derechos de las mujeres del país. ¿De qué derechos habla Cerrano? Pues, básicamente, del “derecho” a abortar.  

Que se entienda: doña Cerrano desprecia visceralmente al catolicismo y no tiene ningún problema en manifestarlo públicamente, obviando el hecho de que los católicos son actores sociopolíticos tan válidos como cualquier otro grupo (o incluso más válidos que cualquier otro grupo). Y todo ello siendo funcionaria pública, es decir una servidora del pueblo salteño. Para atacar al catolicismo, la religión que es profesada por la mayoría de las personas en Salta, no emplea ningún argumento, no da ninguna razón: simplemente se limita a decir que los católicos están defendiendo a la Vida cuando los gobernantes de turno han establecido en los últimos años que se puede matar impunemente a algunos en nuestro país. 

El discurso de la trotskista es el discurso de una mente radicalizada, donde la otredad está deliberadamente anulada por un Yo que quiere imponerse. Cerrano es parte de la política porque ella entiende que su misión en la vida es participar de una guerra entre buenos y malos. El resto de la gente no vive en esa realidad. O, al menos, no debería de hacerlo. 

El motivo por el que el discurso de Cerrano no nos suena completamente escandaloso, es debido a que en los últimos siete años gente tan o más radicalizada que ella alcanzó el control del país. Por ello ese odio manifiesto que emana de las palabras de Cerrano no genera la repulsión que debería: ya nos hemos acostumbrados a vivir entre él.

La tarea urgente de los hombres y mujeres que vienen a cambiar los aires de la política nacional es acabar con la radicalidad discursiva. Hasta que a Cerrano no la pongan en su lugar, es decir hasta que la realidad argentina no se normalice y el extremista vuelva a ser percibido como un extremista, este país seguirá naufragando y sometiéndose a la voluntad de los demás.