"No es problema mío"

Consultados acerca del aborto, los candidatos dijeron: 

Miguel Nanni, Cambiemos 

El tema ya está tratado, ya hay un decreto reglamentario nacional, está especificado en el código penal, me parece que en este punto nosotros, hoy, la sociedad ya tiene por lo menos, en este plazo, una solución provisoria. Me parece que dentro de poco, culturalmente, va a llegar el tiempo de volver a discutir el tema. 

Javier David, Frente para la Victoria 

No es una discusión, se ha avanzado con el fallo de la corte de justicia, pero me parece que son casos puntuales. Todavía necesitamos educación sexual, necesitamos poder entrar en las escuelas, necesitamos poder prevenir, necesitamos poder hacer una serie de cuestiones vinculadas a la salud de la población para después ir a una discusión mucho más amplia. Yo no estoy de acuerdo.

Por lo visto Nanni está feliz con que "provisoriamente" se autorice el asesinato de niños inocentes. En tanto que David no está de acuerdo con el aborto, pero ello no significa que está en contra. 

En cambio lo de Olmedo es totalmente distinto:

Alfredo Olmedo, UNA

Yo siempre a favor de la vida. Y si me tengo que quedar nuevamente solo defendiendo la vida, me voy a quedar así defendiendo la vida como corresponde.

Hasta que a Cerrano no la pongan en su lugar

A Gabriela Cerrano le falta decoro. Recientemente, esta mujer –¡que es Senadora Provincial!– dijo que el Estado argentino no debería permitir que la Iglesia Católica intervenga en materia de educación, salud ni justicia, ya que “su presencia” cercenaría los derechos de las mujeres del país. ¿De qué derechos habla Cerrano? Pues, básicamente, del “derecho” a abortar.  

Que se entienda: doña Cerrano desprecia visceralmente al catolicismo y no tiene ningún problema en manifestarlo públicamente, obviando el hecho de que los católicos son actores sociopolíticos tan válidos como cualquier otro grupo (o incluso más válidos que cualquier otro grupo). Y todo ello siendo funcionaria pública, es decir una servidora del pueblo salteño. Para atacar al catolicismo, la religión que es profesada por la mayoría de las personas en Salta, no emplea ningún argumento, no da ninguna razón: simplemente se limita a decir que los católicos están defendiendo a la Vida cuando los gobernantes de turno han establecido en los últimos años que se puede matar impunemente a algunos en nuestro país. 

El discurso de la trotskista es el discurso de una mente radicalizada, donde la otredad está deliberadamente anulada por un Yo que quiere imponerse. Cerrano es parte de la política porque ella entiende que su misión en la vida es participar de una guerra entre buenos y malos. El resto de la gente no vive en esa realidad. O, al menos, no debería de hacerlo. 

El motivo por el que el discurso de Cerrano no nos suena completamente escandaloso, es debido a que en los últimos siete años gente tan o más radicalizada que ella alcanzó el control del país. Por ello ese odio manifiesto que emana de las palabras de Cerrano no genera la repulsión que debería: ya nos hemos acostumbrados a vivir entre él.

La tarea urgente de los hombres y mujeres que vienen a cambiar los aires de la política nacional es acabar con la radicalidad discursiva. Hasta que a Cerrano no la pongan en su lugar, es decir hasta que la realidad argentina no se normalice y el extremista vuelva a ser percibido como un extremista, este país seguirá naufragando y sometiéndose a la voluntad de los demás. 

Los exterminadores

Por estos días se discute la posibilidad de despenalizar el aborto (al cual ahora llaman con el cínico eufemismo de "interrupción voluntaria del embarazo"). Si esto se valida, el Estado estaría legislando a favor del genocidio. No es nada nuevo: en su momento el Estado argentino avaló el divorcio, ese fue el primer gran logro de la Democracia 83 -o de la Segunda República que, sin admitirlo, se fundó en este país (tirando por la borda la República que soñó Manuel Belgrano en 1810 y que diseñó Juan Bautista Alberdi en 1853). 

Antes de que se modificase el Código Civil para permitir los divorcios, existían las separaciones. Entonces, cómo las separaciones existían de facto, a los políticos se les ocurrió que debían existir también de jure. Pero la diferencia entre lo que es de facto y lo que es de jure no debe tomarse a la ligera: una vez que el Estado avala algo, también se compromete a promocionarlo, aunque sea implícitamente. 

En efecto, el Estado no es neutro. Sus leyes transmiten un mensaje a la sociedad. Ahora se dice que se quiere facilitar el aborto no para que toda mujer que quiera asesinar a su hijo pueda hacerlo, sino para que las mujeres que supuestamente mueren por abortos mal realizados clandestinamente tengan una cobertura estatal que les evite el deceso. Antaño se decía que el divorcio no era para romper las familias, sino para que todas esas parejas rotas tuvieran un marco legal para arreglar sus asuntos. Sin embargo la generación siguiente no lo comprendió así, por lo que hoy en día el divorcio no es una opción de última instancia, sino algo de lo más común (y de allí que el nuevo Código Civil facilite cada vez más el trámite de divorcio). Lo mismo ocurrirá con el aborto si se lo legaliza.

Algo que me llama la atención es quienes promovieron esta inciativa: que figuren Alcira Argumedo, Margarita Stolbizer, Victoria Donda, Laura Alonso, Juliana Di Tullio, Mara Brawer, Diana Conti, Carla Carrizo y otras mujeres no me extraña, porque hoy en día esas mujeres piensan que la manera que las de su sexo tienen de ganar poder es a través de la negación de su femineidad; tampoco me asombra que izquierdistas como Pablo López, Carlos Heller o Roy Cortina supongan que por avalar el genocidio son progresistas; pero si me parece preocupante que Omar Plaini, Héctor Recalde, Carlos Gdansky, Víctor De Gennaro y Ramona Pucheta se sumen a la iniciativa, ya que ellos son representantes provenientes de sectores obreros. ¿Acaso estos personajes no escuchan a los trabajadores? Los trabajadores (y los desocupados) son los menos interesados en abortar a sus hijos, las madres del pueblo obrero y campesino son las que más se responsabilizan por los niños que han engendrado. 

Los Godoy: una dinastía canalla

Padre e hijo

Si hay algo que la política salteña no necesita eso son los Godoy, padre e hijos. Manuel Santiago Godoy, insoportablemente verborrágico, y tan visceral que casi siempre termina manifestando una brutez vergonzosa, es el típico operador pejotista, que desde atrás de un escritorio -y con un café de por medio- logra lo que otros llaman eufemísticamente "acuerdos", "consensos", o cosas por el estilo, pero que, en realidad, más parecen contubernios. 

Recientemente Manuel Santiago Godoy fue el ariete antisalteño de un gobierno que se esfuerza por conservar algo de la identidad provincial que varios siglos de vida cristiana supieron crear en esta parte del mundo. Me refiero, claro, a la campaña que desde el parlamento local llevó a cabo para destituir al Juez Víctor Soria, aquel magistrado que impidió un cruento asesinato de un niño indefenso -pero que, aún así, no pudo salvarle la vida a la criatura, ya que la madre, una adolescente, terminó abortando con un sicario en Buenos Aires. 

Al no poder voltear a Soria, quien buscó proseguir con la militancia genocida fue su hijo, el "productivo" Lucas Godoy. Lucas Godoy, desde que asumió su banca de Diputado Provincial, ha estado promoviendo todas las causas más innoble que se puedan concebir, por lo que parece un hombre del PO y no uno del PJ (aunque, en estos días de kirchnerismo, el PO y el PJ manejan exactamente la misma agenda cultural, coincidiendo especialmente en todo lo que tenga que ver con atentar contra la vida de los inocentes). Así al joven Godoy se le ocurrió pedir canilla libre de abortos, al solicitar que se facilite el asesinato impune con el horrendo y vomitivo disfraz de "aborto no punible". Aroldo Tonini, con mucha valentía y sentido común, lo tildó de "canalla", pues sólo alguien así puede considerar que un ser humano, sólo por ser un niño en gestación, no vale absolutamente nada, es un estorbo como si fuese un tumor. Creo que el ex-Concejal dio en el clavo. 

No hay que permitir el genocidio

En Salta ocurrió hace unos meses que un Juez de Familia, el Doctor Víctor Soria, intentó salvarle la vida a un niño inocente. Al final, lamentablemente, el niño fue ejecutado en Buenos Aires.

Ese episodio desató la furia de los grupos progrecínicos en general, y de las hembristas en particular, quienes embistieron en contra del Juez y pidieron su destitución. Les molestaba que el funcionario del Poder Judicial estuviese en contra de permitir un asesinato a sangre fría. Al final primó la cordura, y el Jurado de Enjuciamiento de Magistrados de Salta confirmó a Soria en su cargo. Santiago Godoy, miembro de ese jurado y Diputado Provincial por el PJ, se quedó con la sangre en el ojo, así que decidió promover una cruzada parlamentaria con la que se busca imponer en Salta el protocolo nacional para realizar abortos no punibles, lo que equivale a legalizar bajo el poncho al aborto (ya que, gracias a ese engendro perverso, una mujer embarazada puede ir hasta a un hospital, inventar que fue violada, y mandar al limbo al hijo que engendró, todo de manera legal y gratuita).

Godoy suma adhesiones dentro del PJ, que además del partido de los homosexuales quiere convertirse ahora en el partido de las abortistas (a veces me pregunto que pensaría el General Perón al ver en lo que se ha convertido el movimiento que fundó). Por suerte para Salta aún quedan hombres con conciencia social y amor cristiano entre sus legisladores: Alejandro Nieva, levantando la bandera de Salta Somos Todos, propuso que en la provincia nuestros legisladores (especialmente los nacionales) se manifiesten abiertamente en consonancia con la opinión del pueblo, es decir a favor de la vida y en contra de cualquier tipo de proyecto abortista que quiera legalizar el genocidio en nuestro país. Esperemos que la casta politiquera provincial no finja la sordera que normalmente finge en estos casos: no hay que permitir el genocidio.

Salvar al inocente

El artículo 10 de la Constitución de Salta sostiene que es un deber de todos proteger la vida desde su concepción. Es por ello que Claudia Flores Larsen, Asesora de Incapaces de Salta, evitó por vía judicial que se consuma un homicidio en el Hospital Público Materno Infantil. El homicidio, claro, es contra un niño que aún no ha nacido, y que su abuela –la madre de una adolescente de 14 años– quiere liquidar cuanto antes.

El caso es terrible, pero es sólo un caso más de entre miles: el padrastro de la adolescente aparentemente abusó de ella, dejándola embarazada, y ahora las abogadas de la madre presionan para asesinar al pequeño en gestación; supongo que, para ellas, esa criatura que aún se encuentra en el vientre materno es culpable del gravísimo delito de existir, y por ello piden la pena de muerte.

Ahora que las tretas electorales marginaron a Alfredo Olmedo del Poder Legislativo nacional vemos cuan necesaria es su presencia. Una serie de proyectos que Olmedo promovió sin éxito proponía soluciones a este grave problema de las violaciones. Si hoy en día esas leyes olmedianas estuviesen vigentes, pasaría lo siguiente: el violador, el verdadero culpable aquí, iría a prisión de por vida (en una cárcel especial de la que le sería bastante difícil escapar por encontrarse en medio de la hostilidad de la Puna jujeña); allí sería castrado, y obligado a emplearse en actividades laborales para ganar un sueldo mensual, mediante el cual cubriría sus gastos de manutención y subsidiaría económicamente a la joven a la que le arruinó la vida. A su vez, la madre de la criatura en peligro de ser asesinada sería invitada a presenciar una ecografía, en la que podría observar con sus propios ojos (probablemente llenos de emoción) el latir del corazón, el movimiento y tal vez el rostro del pequeño que alberga en su vientre. Ello serviría para darle coraje para que no desista en su tarea de dar vida, permitiéndole al final decidir si quedarse con la criatura que trajo al mundo o si prefiere darla en adopción a alguna de las miles de familias en el país dispuestas a contener y amar a los hijos de otras personas. O sea castigo para el culpable y salvación para el inocente. 

Pero lamentablemente vivimos en una Argentina en donde cuesta cada día más castigar al culpable y salvar a los inocentes. 

Del "voto castigo" al "voto genocida"

Si podemos

Esta semana se supo que el gobierno de Urtubey decidió revocarle la licencia a Enjasa,  la empresa que monopoliza el juego de azar en Salta. La excusa para hacerlo es que Entretenimientos y Juegos de Azar S. A. no estaría cumpliendo con la legislación relativa al lavado de dinero, por lo que lo más prudente es –según el gobierno– transferirle la lucrativa licencia a empresarios amigos del poder.

En respuesta a esto, Alfredo Olmedo planteó algo muy interesante: “el horario de funcionamiento de los casinos de toda la provincia debe ser restringido”. Esta medida es, claramente, una medida para proteger a los individuos de la posibilidad de devenir adictos al juego.

Lo interesante es que Olmedo citó un caso extranjero: en Brasil, desde 1946, los casinos están terminantemente prohibidos en su territorio. Esta alusión a una realidad de otro país sirve para combatir un argumento muy esgrimido en contra de muchas de las propuestas olmedianas más lúcidas: “en ningún lugar del mundo se aplica eso”. Quienes sostienen ese argumento, lo dicen desde la ignorancia. Y ser un ignorante en la Sociedad del Conocimiento es lamentablemente muy común.

Veamos que pasa en el mundo:

Brasil: en el gigante sudamericano, además de contribuir con políticas claras en contra de la ludopatía (mal que alimenta colateralmente a la crematística, la prostitución, el narcotráfico, etc), están avanzando en el desarrollo de una política pro Vida de última generación a través de la elaboración del Estatuto del No Nacido.

Perú: allí se está reimplementando el Servicio Militar Obligatorio después de haberlo abolido en 1999. Obviamente, esta avanzada tiene la novedad de estar dirigida hacia los jóvenes que no trabajan ni estudian.

República Checa: desde hace décadas en este país europeo se lleva a cabo un exitoso programa de castración quirúrgica de violadores. Organismos de Derechos Humanos de todo el mundo se oponen a lo que hace el gobierno checo, pero aún así su política antivioladores sigue en curso y el éxito se impone.

Canadá: en este país una persona a partir de los 12 años puede ser imputada penalmente, pues se considera que con esa edad ya se es plenamente responsable del propio comportamiento. 

Rusia: allá el Presidente Vladimir Putin ha promovido una legislación para frenar el elegebetismo que avanza pervertidoramente sobre la sociedad de su país. Con unas cuantas valerosas leyes, Putin ha puesto las cosas en su lugar.

Una de cal y dos de arena

Después de que el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta vergonzosamente rechazó la excelente propuesta del concejal Aroldo Tonini de convertir a localidad en un “Municipio Pro Vida”, la Justicia provincial, a través de dos decisiones, le puso un freno a tanta cínica e impúdica promoción del genocidio.

La Corte de Justicia de Salta, por un lado, rechazó los pedidos de inconstitucionalidad contra el decreto de Juan Manuel Urtubey que regula el tema de los abortos no punibles; el Gobernador, al emitir dicho decreto, pautó una serie de medidas para evitar que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación termine provocando una masacre impune de inocentes (que es lo que quienes hicieron los pedidos de inconstitucionalidad pretendían). Los jueces recordaron que el derecho a la vida es preexistente a toda la legislación positiva y no se puede avanzar contra él sin quedar como un brutal genocida. Además juzgaron conveniente estipular algunas exigencias para realizarle un aborto a una mujer que afirma haber sido violada, salvaguardando así la vida del pequeño y bloqueando la posibilidad de que se genere una canilla libre de sangre inocente.

Por el otro lado, la misma Corte de Justicia de Salta acabó con el anhelo de un grupo de fanáticos del laicismo, que intentaban erradicar a la religión de las escuelas salteñas. Aquí la Justicia se lució. Señalaron que, de no impartirse educación religiosa en las escuelas, ello “perjudicaría a los niños de los sectores carentes de recursos que no pueden concurrir a una escuela privada o que viven en lugares alejados de los centros urbanos y cuyos padres, muchas veces por razones laborales, no tienen posibilidades de instruirlos en la religión.” Ello es totalmente cierto. El pedido de la Asociación por los Derechos Civiles (la ONG que hace campaña en contra de la presencia de lo religioso en las escuelas) estaba sustentado en la idea de que la religión es un apéndice en la vida de las personas, cuando en realidad, por motivos antropológicos, es sabido que es todo lo contrario.

Si los políticos, para subirse al tren de la moda, han optado por permitir y promover el asesinato de niños por nacer, desde el Poder Judicial, al menos, se busca minimizar el daño. Es por ello que fortalecer la separación de poderes –o, lo que es lo mismo, defender a la República– es tan importante para no ser arrastrados con la decadencia de los tiempos. 

Los más genocidas entre los genocidas

Hoy sucedió esto en la Cámara de Diputados de la Nación:

La sesión especial convocada por Victoria Donda para tratar la legalización del aborto reunió apenas 10 legisladores, por lo que estuvo muy lejos de los 129 presentes que se necesitan para iniciar las deliberaciones.

El plenario había sido pedido el jueves pasado, pero recién este lunes fue autorizado por la presidencia de la Cámara de Diputados. A las 11.30 el recinto estaba vacío e insólitamente la lluvia había penetrado a través del techo. A las 12, la vicepresidenta del Cuerpo, Norma Abdala de Matarazzo, dio por fracasada la sesión.

Además de Victoria Donda asistieron sus colegas del Frente Amplio Progresista Alicia Ciciliani, Gerardo Milman, Omar Barchetta y Claudio Lozano, la ex ARI Marcela Rodríguez y Manuel Garrido, María Luisa Storani y Juan Pedro Tunessi de la Unión Cívica Radical. 

A ellos se sumó el salteño Alfredo Olmedo, no para apoyar el proyecto, claro, sino para marcar su rechazo a cualquier intento de legalizar el aborto.

Durante la sesión en minoría hizo uso de la palabra el salteño Olmedo, quien recordó que presentó en su momento un proyecto de ley para que se haga un referéndum vinculante, para que el pueblo diga si está a favor o en contra del aborto. “No obstante ello, quiero dejar sentado que yo estoy totalmente a favor de la vida; siempre voy a luchar en favor de la vida. Vida es lo que tenemos nosotros, y por eso la respeto. Dios nos dio esta vida tan sagrada. De manera que mi posición es totalmente contraria a lo que se plantea en el proyecto de ley que hoy nos convoca, pero respeto las distintas posiciones de todos los señores diputados dado que estamos en democracia”, dijo.

Cabe recordar que 60 diputados y diputadas de todo el arco político acompañan el proyecto de ley de IVE presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 

En la Argentina 60 de los 257 Diputados de la Nación se han declarado abiertamente abortistas, vale decir han confesado ser partidarios del GENOCIDIO. Un hecho espeluznante, sin lugar a dudas. Pero al parecer Donda, Ciciliani, Milman, Barchetta, Lozano, Rodríguez, Garrido, Storani y Tunessi querían dejar asentado que del tétrico grupo de los 60 ellos 9 son los más ansiosos por apurar la legitimización de la masacre de miles de niños indefensos e inocentes; se ve que no pueden esperar a que la vida de los pequeños quede pulverizada del modo más horrendo posible, quizás ello les genere un perverso goce. 

Nuestro Papa Francisco, hace unas semanas atrás, pidió que que se respete la vida desde el momento de la concepción y que se "garantice protección jurídica al embrión tutelando a todo ser humano desde el primer momento de su existencia". Además, invitó a "mantener viva" la atención de todos "sobre un tema tan importante como es el respeto de la vida desde el momento de su concepción". Su fundamentación para defender esta postura es más que clara: "la mujer embarazada no lleva en el vientre un cepillo de dientes, tampoco un tumor; la ciencia enseña que desde el momento de la concepción, el nuevo ser tiene todo el código genético. Es impresionante. La oposición al aborto no es, entonces, una cuestión religiosa, sino que es claramente moral, con base científica, porque estamos en presencia de un ser humano."

Alfredo Olmedo, presente siempre en las sesiones, al hacer uso de la palabra no hizo más que llevar al Parlamento nacional la palabra del Papa, que, obviamente, es también la suya, pues es la palabra del pueblo católico.